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RFI pudo conversar con uno de ellos, Jason Salazar, activista político detenido en 2023, que dice sentirse "desterrado" y "golpeado". La medida fue anunciada por el poder judicial, señalado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega. La ONU denunció una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua que podría intensificar, en su opinión, la "represión" de los nicaragüenses exiliados.  Nicaragua revocó este martes la nacionalidad y confiscó los bienes a un nuevo grupo de exdetenidos políticos, un total de 135 personas que por mediación de Estados Unidos fueron enviadas la semana pasada a Guatemala, en una práctica utilizada antes y que la ONU rechaza. La medida fue anunciada por el poder judicial, señalado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha aumentado la represión desde las protestas de 2018, según la ONU. Un tribunal de Managua ordenó la "pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que a